El due diligence no es más que un proceso investigativo mediante el cual previo a una transacción que usualmente implica la adquisición o disposición corporativa y comercial, compra de bienes inmuebles, o valores, el vendedor revelará toda aquella información legal que el potencial comprador considere importante, dándole la oportunidad a este último de conocer a profundidad el estatus real y la situación legal del bien o negocio, con el objetivo de valorar si debe o no realizar la inversión.
El vendedor revelará voluntariamente información que le permitirá al comprador estudiar y calcular el riesgo y las oportunidades antes de concretar la transacción, así como sopesar los pasivos y contingencias, todas situaciones que pudieren influir en el precio de la transacción de que se trate, o ponerle en situación de negociar.
En términos generales, esta información será toda aquella relacionada con la estructura corporativa de la empresa, documentos de titularidad del bien inmueble, o de los valores, con los cuales se completará la investigación.
En el caso específico del due diligence corporativo, el comprador ahondará en los documentos constitutivos de la empresa, sus estatutos y sus reformas (si las hubiere), si fue debidamente inscrita en el registro público de la propiedad inmueble y mercantil correspondiente, el libro de actas, el libro de registro de acciones y los correspondientes certificados que hayan sido emitidos para identificar a los accionistas actuales de la empresa y toda la cadena de titularidad, la existencia o no de gravámenes sobre dichos títulos, o cualquier limitación en la transferencia de los mismos, así como también documentos que comprueben la solvencia de la sociedad ante las autoridades administrativas recaudadoras de impuestos como la Dirección General de Ingresos o la Alcaldía Municipal.
Usualmente el due diligence además involucra el análisis de contratos materiales de la empresa con sus principales proveedores y clientes, con el fin de determinar obligaciones y contingencias provenientes de dichos contratos, el análisis de los estados financieros, la existencia de litigios en los que la empresa se encuentre envuelta a la fecha de realización de la transacción, incluyendo demandas laborales de los empleados o ex empleados de la empresa. Además, si el comprador lo considera necesario, incluso podría solicitar se investigue a los socios de la empresa a título personal, incluyendo récord de antecedentes judiciales o policiales, entre otros documentos.
Si se trata del due diligence de un bien inmueble, A&A suele investigar hasta 42 años atrás en la cadena de titularidad del bien en el registro de la propiedad inmueble y mercantil respectivo, así como las oficinas de catastro y la municipalidad, con el fin de garantizar que sobre dicho bien no existen gravámenes o potenciales problemas de titularidad con dueños anteriores o propietarios vecinos.
Como resultado del proceso de due diligence, se genera un reporte final conteniendo los “red flags” o situaciones de alerta en relación al proceso realizado que pudieren ocasionar perjuicios para el comprador en la transacción o ponerle en situación de desventaja con relación a la contraparte, así como, sugerencias para subsanar omisiones que sean remediables en la documentación presentada, recomendaciones legales, y comentarios en relación a obstáculos durante el proceso investigativo, y como afectaron tales obstáculos el contenido del reporte final, para que el comprador esté en toda capacidad de valorar todas las variables de la transacción.